El triple asesino de Usera tiene nombre

Cuando descubrió que su pareja lo engañaba, Dahud Hanid-Ortiz, de 45 años, decidió vengarse. El exmilitar estadounidense de origen venezolano y residente en Alemania se plantó en Madrid, en el despacho del abogado peruano que se acostaba con su esposa. No lo encontró, pero se desquitó con las dos empleadas cubanas y un cliente ecuatoriano, matándolos con una palanqueta y un puñal. Desde entonces el autor del triple crimen de la calle de Marcelo Usera está en paradero desconocido.

Esa es la línea que ha terminado por prevalecer en la investigación del asesinato, el 22 de junio de 2016, de la abogada Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años; de la secretaria del bufete, Maritza Osorio Riverón, de 46, y de Pepe Castillo Vega, de 43. No ha sido siempre así y las discrepancias entre la policía y el juez de instrucción han contribuido a que el principal sospechoso pusiera tierra por medio, escondido quizás en Estados Unidos, Venezuela o Malasia, como lo sugiere el propio fugitivo en su cuenta de Facebook. El titular del juzgado número 41, Juan Carlos Peinado, “iba por una tesis muy extraña de sicarios de un cartel mexicano, que tenían supuestamente cuentas pendientes con el dueño de ese bufete, y que se cargaron al personal”, explica una fuente de la Brigada de la Policía Judicial de Madrid.

El juez tenía, sin embargo, varios indicios para sustentar su hipótesis, empezando por los antecedentes del propio abogado peruano, Víctor Salas. Él mismo contaba que, siendo secretario judicial en su país de origen, había recibido amenazas, en 2006, a raíz de la condena de un narcotraficante israelí. Recaló en España en 2008, a punto de cumplir 30 años. Después de algunos trabajos temporales y de convalidar su título de Derecho, abrió su propio bufete especializado en extranjería. En esta última etapa, según la investigación, Salas habría tenido desavenencias con unos clientes de un cartel mexicano.

La pista de un ajuste de cuentas del narcotráfico se ha enfriado y las filtraciones del sumario apuntan ahora al exmilitar. “Tenemos pruebas que van mucho más allá de un tapón de plástico”, asegura la fuente de la Policía Judicial, en referencia a los restos de una botella de agua fabricada en Alemania que se encontró en el lugar del crimen y que se salvó del incendio provocado por el asesino para borrar las huellas. “Debemos mantener esas pruebas bajo extrema reserva porque son las que servirán para incriminarle si algún día se le detiene”.

Las divergencias de criterio entre el juez y los investigadores complicaron la cooperación con la policía alemana. “Necesitábamos su apoyo, pero la justicia española puso trabas al inicio”, se queja el alto cargo de la Brigada de Madrid. Finalmente, la colaboración alemana fue muy exitosa y permitió, entre otras cosas, desmontar la coartada que se había fabricado el sospechoso para evitar que se le ubicara en España en el momento del crimen.

Dahud Hanid-Ortiz vivía en la pequeña ciudad de Wurzburgo, en Baviera. Había llegado a Alemania en 2011 como teniente primero del Ejército de Estados Unidos después de haber sido soldado en Irak y Corea. Con excepción de una condecoración, un Corazón Púrpura que recibió por sufrir heridas en la guerra de Irak, su carrera militar de 19 años no fue demasiado brillante y terminó abruptamente. El 30 de junio de 2015, un tribunal militar confirmó una condena por uso de documentación falsa para conseguir el rango de oficial del Ejército. Fue además sancionado por fraude contra el Estado al haber simulado que su familia seguía viviendo en EE UU mientras él estaba destinado en Alemania, lo que le permitió recibir una ayuda social de 87.000 dólares a la que no tenía derecho.

Después de esa baja deshonrosa, el exmilitar se dedica a fabricar currículos falsos para conseguir trabajo en Alemania. La relación con su esposa, una doctora alemana, entra en crisis y, a finales de 2015, anuncia en su Facebook que tiene novia. Dice que vive en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, pero sus intervenciones en otras redes sociales, como Twitter, Pinterest o Skyrock, donde se hace llamar David Ortiz o bien usa su verdadero nombre, lo sitúan en Alemania.

En LinkedIn, asegura que ha estudiado en la University of Mumbay (India) y se presenta como business manager en la compañía L’Oréal en la ciudad alemana de Colonia. Pero comete el error de poner el Twitter de David Ortiz en sus datos personales. El ex teniente primero Dahud Hanid-Ortiz, el empleado de L’Oréal formado en India y David Ortiz, que ilustra su perfil de Twitter con la sonrisa inquietante de un macaco, viven todos en la misma casa en Wurzburgo y son una sola persona.

El 4 de junio de 2016, 18 días antes del crimen, el exmilitar contesta en inglés desde su correo Yahoo a un anuncio de un piso en alquiler en la ciudad donde reside desde 2011. Deja un número de teléfono alemán y se describe a sí mismo: “Hola, soy americano y estoy estudiando un máster en Business en la FHWS (una universidad de Wurzburgo). Me interesa este apartamento (…). Hablo un poco de alemán. No fumo, no bebo, soy tranquilo y muy ordenado (…)”.

Cuatro días antes, el 31 de mayo, Hanid-Ortiz actualiza por última vez sus cuentas en las redes sociales. Lo hace para consultar un sitio argentino, Comunidad Dateas, especializado en la búsqueda de personas y direcciones de correos electrónicos en América Latina y España. En retrospectiva, esta consulta y el apagón repentino de su actividad en Internet eran señales anunciadoras de la tragedia que enlutaría a tres familias pocos días después en Madrid. Sabemos por las filtraciones del sumario que el sospechoso había descubierto que su esposa tenía una relación sentimental con el abogado peruano Víctor Salas y que los amantes habían tenido varios encuentros tanto en Alemania como en Madrid.

Poco después de sus indagaciones en Internet, el exmilitar empieza a mandar desde su Yahoo amenazas de muerte al abogado, según una fuente que tuvo acceso al sumario. Víctor Salas cometió la imprudencia de contestarle, desafiándolo.

Mientras los dos hombres se enzarzaban en un duelo verbal, las empleadas cubanas del bufete Euroasia cumplían con sus labores habituales en el número 40 de la calle de Marcelo Usera en Madrid, recibiendo a los clientes, sobre todo sudamericanos y chinos, y preparando los expedientes en materia de extranjería. Maritza Osorio Riverón hacía de recepcionista y de secretaria. Había dejado su natal Holguín (Cuba) 20 años atrás y vivía con su hija, que trabajaba en una tienda de ese barrio popular, al suroeste de la capital española. Elisa Consuegra Gálvez, abogada formada en la Universidad de La Habana, era la que realmente hacía funcionar el despacho y cubría las ausencias cada vez más frecuentes del jefe.

Antes de trasladarse a Madrid en 2012, Elisa fue una estudiante brillante y, con apenas 23 años, empezó su carrera de juez en la Sección Laboral del Tribunal Municipal Popular de Plaza, en La Habana. Después pasó a la Sección Civil y luego a Delitos Económicos. En 2010 asumió la presidencia de la Sección Especial Penal del mismo tribunal. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, la joven abogada no se sentía a gusto. “Se dio cuenta muy rápidamente de que la justicia en Cuba no era independiente del poder ejecutivo y que no podía dictar sentencias en función de criterios únicamente jurídicos”, cuenta una amiga de Elisa. Su malestar no se limitaba al ámbito de la justicia. “De manera general le molestaban la falta de libertades, el acceso muy limitado a Internet y muchas otras cosas. Por eso decidió irse cuando encontró la oportunidad”.

En esto, y solo en esto, chocaba con su familia, muy vinculada al poder en La Habana. Su padre, Juan Carlos Consuegra Espinosa, que era también licenciado en Derecho, había sido teniente coronel en la Contrainteligencia y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en el Parlamento. Su madre, Elisa Gálvez Cabrera, era especialista en medicina legal y profesora en la Facultad de Ciencias Médicas, además de directora de un centro sobre drogodependencias. Elisa estaba muy unida a ellos, pero quería respirar otro aire.

A diferencia de la mayoría de los cubanos, que entonces no podían viajar libremente al extranjero, Elisa no tuvo problema para salir de la isla. Llegó a Madrid con la intención de estudiar para homologar su título y lo logró el 3 de junio de 2016. Ya podía ejercer su profesión en España. La joven cubana, que había cumplido 31 años el 24 de mayo, había comentado a sus amigos que quería dejar el bufete de la calle de Marcelo Usera para trabajar por su cuenta. Estaba feliz. “He conocido poca gente que le gustara tanto Madrid como a ella”, cuenta su amiga más cercana, Suzanne, también abogada. “Me decía siempre, con esa sonrisa de niña traviesa, que no entendía cómo siendo yo madrileña podía querer estar en ningún otro sitio. Ella estaba donde quería estar”.

El 22 de junio, tres semanas después de recibir su título en el Colegio de Abogados de Madrid, Elisa estaba en su despacho cuando llegó un desconocido sobre las dos de la tarde. Lo atendió Maritza. Quería hablar con Víctor Salas. Como siempre, el jefe no estaba. El hombre insistió tanto que la secretaria llamó al abogado para explicarle la situación. El peruano sospechó que se trataba de Dahud Hanid-Ortiz, el marido despechado que lo había amenazado por correo electrónico unos días antes. Decidió quedarse en casa y “echarse la siesta”, según diría después a la familia de una de las víctimas.

“Actuó como un cobarde”, acusan los amigos de las dos cubanas. Tampoco llamó a la policía para avisar de una situación que podía tornarse violenta. Cuando Salas llegó por fin a su oficina, cuatro horas después de la llamada angustiada de la secretaria, los bomberos estaban apagando un incendio y recogiendo los cadáveres de tres personas. Además de Elisa y Ma­ritza, había muerto un taxista ecuatoriano, Pepe Castillo Vega, que había pasado a recoger unos documentos.

Ya con los cuerpos en la acera, quedó claro que se trataba de un triple asesinato. Las víctimas tenían heridas profundas provocadas por un arma blanca y una barra de hierro. El puñal no apareció en la escena del crimen, pero sí se encontró la palanqueta que destrozó el cráneo de Maritza y del cliente ecuatoriano. Los peritos de la policía científica aislaron unas pocas huellas dactilares, pero no hallaron vestigios biológicos que pudieran servir para identificar al autor de la matanza. El incendio y el trabajo de los bomberos para apagarlo habían borrado todo.

Víctor Salas no hizo nada para prevenir la tragedia pero, según la policía, su testimonio fue clave para identificar al asesino. “Desde el primer momento esta persona colaboró, por la razón que sea, pero sobre todo porque el asesino iba contra él. El peruano nos dio acceso a su agenda, a los expedientes de clientes, a sus comunicaciones, y es lo que nos permitió llegar a la pista del sospechoso”, resume el alto cargo de la Policía Judicial citado previamente.

¿Un crimen pasional en el que se mata a tres personas ajenas al asunto y sobrevive el objetivo de la venganza? “El asesino va a matarle a él, pero una de las dos mujeres tenía mucho temperamento y trata de discutir, y entonces la mata, porque es un paranoico”, explica el policía. Los forenses determinaron que Elisa fue la primera en morir —“se ensañó con ella”— después de recibir varias puñaladas con un arma blanca que llevaba el asesino.

La reconstrucción del crimen establece que Maritza, al ver lo que ocurría, intentó defenderse con una palanqueta que tenían en la oficina. El exmilitar se la quitó de las manos y la mató a golpes. Pese a la situación, Hanid-Ortiz decidió quedarse en el lugar hasta que llegara Víctor Salas. Había recorrido de un tirón casi 2.000 kilómetros en coche para vengarse y no tenía ninguna intención de echarse para atrás.

Estuvo esperando unas dos horas, con los cuerpos de las dos mujeres tendidos en el suelo. Sobre las cinco de la tarde, llegó un hombre. El exmilitar se le abalanzó y lo mató con la palanqueta. Lo más probable, según los investigadores, es que Hanid-Ortiz pensara que se trataba del abogado peruano. Pero no era él, sino un cliente que tenía prisa y había dejado su coche en doble fila en la calle de Marcelo Usera.

Antes de huir, el asesino arrojó sobre los cuerpos de las dos mujeres los expedientes acumulados sobre el escritorio y les prendió fuego. Se fue como había llegado, en coche, y desde entonces la policía no logra dar con él. Los investigadores tienen indicios de que volvió a Wurzburgo el mismo día, pero le pierden rápidamente la pista y sospechan que está en Estados Unidos o Venezuela.

En sendas cartas dirigidas en septiembre del año pasado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, y a la Jefatura de la Policía, los padres de Elisa expresaron su “angustia” ante la falta de información. “Sabemos, por nuestra experiencia profesional, que en los crímenes de este tipo ‘el tiempo que pasa es verdad que huye’. Ya han pasado tres largos meses y ni siquiera sabemos si hay un sospechoso en este brutal asesinato de tres personas, que ocurrió en pleno día, en medio de un transitado barrio del centro de Madrid, (…) y donde hubo un intercambio previo telefónico con alguien que en nuestra opinión sabe bien qué fue lo que ocurrió”.

Si Víctor Salas había recibido una llamada de Maritza para decirle que un cliente insistía en verle, tenía que saber algo sobre la identidad del asesino. Esa era la convicción de la policía, pero el juez desconfiaba de ese testigo turbio. “Le tenía animadversión y rechazaba toda la información que venía de él, y esto entorpeció mucho la labor investigativa”, insiste la fuente de la policía de Madrid.

Esa desconfianza hacia el abogado era ampliamente compartida por los allegados de Elisa. “Víctor tiene una responsabilidad penal, por lo menos por omisión del deber de socorro”, se indigna uno de ellos. Las discrepancias entre los investigadores encontraron su cauce en la prensa a golpe de filtraciones, que pusieron sobre aviso a Hanid-Ortiz.

“La situación está ahora muy complicada y no le puedo decir nada”, se disculpa el juez Peinado. El titular del juzgado 41 de Madrid no quiere confirmar si ha cursado una orden de búsqueda y captura contra el exmilitar a través de Interpol, pero deja entender que el caso se resolverá pronto. “Las circunstancias podrían cambiar en las próximas semanas”, dice en tono enigmático.

Después de un largo periodo de desasosiego ante la actuación de la justicia española, la familia de Elisa dice ahora que está “satisfecha con la investigación de la policía y del juez”. Sus padres y su hermana menor, Claudia, acaban de pasar dos meses en España para ponerse al día y hablar con los investigadores. “No tengo dudas de que la policía tiene todos los elementos para llevar al asesino a juicio”, asegura Elisa Gálvez durante una breve conversación en la ciudad donde su hija había encontrado la felicidad.

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